ley de victmas desparecidos

El presidente Juan Manuel Santos sancionó este viernes en la Casa de Nariño la histórica Ley de Víctimas, un proyecto que fue calificado por el propio mandatario, el día de su posesión, como el principal paso para “sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.

Ese día, el 7 de agosto de 2010, Santos también se comprometió con una ley de tierras para que los terrenos que han sido despojados regresaran “a las manos campesinas, a las que de verdad las trabajan con vocación y con sudor”. Ese capítulo de tierras fue incluido en la ley.

Un mes y medio después, el 27 de septiembre de 2010, el jefe de Estado, en lo que fue un mensaje político decisivo para la aprobación de la iniciativa, radicó el proyecto personalmente en el Congreso.

Y este viernes, ocho meses después, Santos sancionó la ley en un acto que contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La ley, que tendrá una vigencia de 10 años, también recibió la rúbrica de los ministros de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras; de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Durante su discurso de este viernes, el jefe de Estado recordó cuando radicó personalmente el proyecto de Ley de Víctimas. Ese día –rememoró– dijo que si lograba aprobar esa normativa habría valido la pena haber sido presidente. Tras sancionar la ley, Santos reafirmó ante varios de los asistentes “que valió la pena para ustedes haber sido electos congresistas y para mí haber llegado a la Presidencia de la República”.

El mandatario afirmó que “esta ley no es un puerto de destino, sino apenas la grilla de partida. Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no solo del Estado sino de toda la sociedad colombiana para cumplirles a las víctimas”.

Santos Calderón recordó que las víctimas serán acogidas para su reparación a partir del primero de enero de 1985 y las restituciones de tierra desde el primero de enero de 1991. A esto se suma –agregó– la garantía de no repetición.

“Las reparaciones son mucho más que un cheque o un pedazo de tierra, La reparación implica ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida y a eso le apostamos de manera primordial”, manifestó.

En cuanto al capítulo de indemnizaciones administrativas, el Presidente destacó que las víctimas tendrán la opción de recibir un mayor resarcimiento en metálico si suscriben un contrato de transacción renunciando a una posterior demanda contra el Estado. Sin embargo, toda víctima mantiene su derecho de demandar y obtener reparaciones de los criminales o grupos armados ilegales que hayan sido sus victimarios.

“Lo que hoy empieza no es un proceso de resultados inmediatos”, dijo Santos al pedir “mucha paciencia” a las víctimas. Dijo que la meta principal para este año es reparar al menos 25.000 hogares a través de indemnizaciones colectivas y que al menos otras 20.000 familias retornen a sus lugares de origen con incentivos y acompañamiento.

También expresó que este es un primer paso a la reconciliación, que se da sin terminar el conflicto. “Que los violentos entiendan que los cambios que alguna vez pretendieron dar con las armas, se pueden alcanzar mejor dentro de la democracia sin causar dolor ni muerte”.

Finalmente, el Presidente indicó que la Ley de Víctimas se trata de “uno de los mejores frutos” de la Unidad Nacional, “porque las víctimas no tienen color político y esta ley se convirtió en un propósito de la sociedad colombiana en su conjunto”.

desaparecidos

En el marco de la Semana Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Campaña Víctimas y Derechos, el Comité de Seguimiento del 2o. Congreso Mundial de Exhumaciones y la Mesa Interinstitucional de apoyo a Víctimas de Desaparición forzada/sociedad civil, junto con las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada reunidos en el Seminario Nacional LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL DERECHO A LA VERDAD DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA, los organismos de derechos humanos, instituciones acompañantes especializadas de trabajo forense y psicosocial y de la comunidad internacional que suscribimos la presente, declaramos:

1. Resaltamos la legitimidad y la lucha de las organizaciones de familiares de los desaparecidos en Colombia y su rol y contribución al Estado de Derecho, a pesar de la grave situación de desprotección, estigmatización y ausencia de garantías para su seguridad, amenazas y hostigamientos que viven cotidianamente y su no inclusión en proporción a la gravedad de los casos en los programas de protección, poniendo en riesgo el derecho a la vida, a la seguridad, y el derecho a la libre asociación y expresión de sus denuncias.

2. Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país. Expresamos nuestra alarma por el impresionante registro de 57.000 personas desaparecidas, de ellas 15.300 víctimas de desaparición forzada, más de 6.000 mujeres y niño/as, cifras escalofriantes, como lo ha expresado en este Seminario el Director de la Oficina en Colombia del Alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la comunidad internacional presente en el mismo.

3. Constatamos que persiste un grave subregistro de casos y serias inconsistencias entre las distintas cifras reportadas, evidente en la gran diferencia entre las cifras del Registro Nacional de Desaparecidos 15.300 Vs. los 32.000 casos reportados por la Unidad de Justicia y Paz y los 17.000 casos asignados a la nueva Unidad de Desapariciones Forzadas de la Fiscalía General. Este subregistro obedece también a las condiciones de intimidación y terror que viven las regiones, la presencia de los victimarios en los lugares de ocurrencia de los hechos y la ausencia de investigaciones serias sobre las amenazas y el abandono humanitario en que viven las familias afectadas.

4. Denunciamos los altísimos niveles de impunidad que rodean el 99% de los casos y el total estado de indefensión en que se encuentran las familias de los desaparecidos, a quienes se les sigue denegando el derecho a la búsqueda de sus seres queridos y al esclarecimiento de su paradero, su identificación y la entrega digna de sus restos, mientras los autores de estos crímenes agentes del Estado y grupos paramilitares gozan de libertad sin que sobre ellos caiga el peso de la ley, con lo cual hay una ausencia absoluta de acceso a la verdad y a la justicia.

5. Manifestamos nuestro reclamo porque a pesar que la desaparición forzada es un crimen arraigado desde hace 30 años, aún no existe un diagnóstico oficial que le informe a la sociedad cuantos desaparecidos hay en Colombia, el cual para ser verdadero debe incorporar todos los casos ocurridos, incluidos los que antes del año 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro en los registros estatales.

6. Reiteramos al Presidente Santos nuestra reivindicación para que con carácter urgente una vez la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley que aprobó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, declare que acepta la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas que crea que este tratado y que ajuste la ley de víctimas al mismo, el cual consagra el derecho a la verdad.

7. Denunciamos que la desaparición forzada está invisibilizada en la nueva Ley de Víctimas y que no hay voluntad política para incorporar en ella seria y ampliamente disposiciones para proteger el derecho a saber de las víctimas y la sociedad y la obligación del Estado de establecer un mecanismo y rendir un Informe de la situación de las desapariciones forzadas en el país. Rechazamos que el Congreso de la República haya reemplazado la Comisión de la Verdad encargada de documentar y presentar un informe sobre los patrones de graves violaciones de los derechos humanos, por una nueva ley de privilegios a desmovilizados –ley de justicia transicional que brinda nuevos beneficios a grupos paramilitares autores de desapariciones forzadas. Manifestamos que el "Contrato de Transacción" exigido a las víctimas en esta ley, es inaceptable y contrario a la ética y a la moral porque mercantiliza el dolor de los familiares de los desaparecidos y viola los tratados internacionales al coaccionar a las víctimas y cerrar la reparación por la vía judicial, donde los autores responden por el daño causado. Manifestamos nuestra alarma por la discriminación con las víctimas de agentes del Estado al someter al visto bueno del Ministerio de Defensa las solicitudes de reparación en estos casos. Y anunciamos decisión de demandar la inconstitucionalidad de estas normas que atentan flagrantemente contra los derechos de los desaparecidos y sus familias.